El gobierno escolar dio un paso clave hacia la integración plena de los espacios de primera infancia al sistema educativo provincial. La Dirección General de Escuelas (DGE) presentó ante la Legislatura de Mendoza un proyecto de ley para regular los jardines de infantes de gestión privada que reciben a niños y niñas desde los 45 días hasta los 3 años, con el objetivo de acompañar, supervisar y jerarquizar su funcionamiento pedagógico.
La iniciativa apunta a transformar a estos espacios en parte formal del sistema educativo provincial, garantizando derechos, estableciendo obligaciones claras y asegurando estándares comunes de calidad. Uno de los ejes centrales del proyecto es la inclusión de todos los niños y niñas que asisten a estos jardines en el sistema GEI (Gestión Educativa Integral Mendoza), lo que permitirá su nominalización y un seguimiento integral de las trayectorias desde los primeros años de vida.
Desde la DGE destacaron que el proyecto contempla la creación de un cuerpo específico de supervisores, que dependerán de los CEPI (Centros Educativos de la Primera Infancia). Esta estructura permitirá que los jardines maternales privados accedan a los mismos derechos y asuman las mismas responsabilidades que las instituciones dependientes del gobierno escolar.
La coordinadora general de Políticas Educativas, Adriana Yenarópulos, subrayó el sentido estratégico de la propuesta: “Este proyecto de ley permite acompañar a las instituciones de gestión privada y ayudarlas a mejorar las condiciones y la prestación del servicio educativo. La ley hará posible que los jardines sean sustentables económicamente, colaboren con la educación provincial y formen parte formal del sistema educativo”.
La modificación legislativa responde a un desafío estructural: universalizar la Sala de 3 años y ampliar la cobertura educativa para la primera infancia, reconociendo este período —de 45 días a 3 años— como la inversión social más rentable y estratégica para el desarrollo humano y económico de la provincia.
El impacto de esta política va más allá del ámbito educativo. La iniciativa tiene una incidencia directa en la autonomía económica de las mujeres, al facilitar su inserción plena en el mercado laboral o la continuidad de sus trayectorias formativas. Garantizar espacios educativos seguros y de calidad para la primera infancia fortalece los ingresos familiares, mejora las condiciones de crianza y contribuye al desarrollo integral de niñas y niños.
En este marco, el proyecto busca ordenar y profesionalizar a los jardines maternales de gestión privada, consolidándolos como emprendimientos educativos viables, capaces de atraer inversión genuina, generar empleo y expandir la matrícula y la cobertura territorial.
Con esta propuesta, el Ministerio de Educación, Cultura e Infancias y la DGE se posicionan como garantes pedagógicos y técnicos, asegurando que la inversión privada en la primera infancia sea también una verdadera inversión social para Mendoza.
La reforma plantea objetivos regulatorios concretos:
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Certeza jurídica: unificar la denominación bajo el concepto de Jardines Maternales de Gestión Privada, delimitando con claridad su carácter educativo-asistencial y evitando ambigüedades con otras actividades de cuidado.
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Eficiencia en el control: centralizar en la DGE la inspección, habilitación, funcionamiento y supervisión pedagógica y técnica, diferenciándola del control administrativo o comercial que corresponde a otros organismos.
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Jerarquización pedagógica: establecer la obligatoriedad de un Proyecto Educativo Institucional (PEI) y la supervisión sistemática de las propuestas pedagógicas, elevando el estándar de calidad de estas instituciones.
La iniciativa abre un nuevo capítulo en la política educativa provincial, al reconocer que la educación comienza mucho antes del ingreso a la escuela obligatoria y que el Estado tiene un rol indelegable en garantizar igualdad, calidad y cuidado desde los primeros años de vida.
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