En la Argentina discutimos con pasión los grandes conceptos —libertad, calidad, innovación— pero muchas veces evitamos la pregunta esencial: ¿con qué recursos reales vamos a sostener lo que prometemos?
El debate por el financiamiento educativo volvió al centro de la escena nacional y, esta vez, Mendoza ocupa un lugar protagónico. El proyecto de Ley de Financiamiento Educativo Federal impulsado por el gobernador Alfredo Cornejo busca establecer un piso presupuestario que no pueda reducirse y que se actualice automáticamente por inflación o por evolución salarial docente.
La propuesta no es menor. Es, en términos políticos y administrativos, un intento de blindaje frente a la volatilidad económica y a los recortes discrecionales.
El tema no quedó circunscripto al ámbito provincial. El pasado 14 de febrero, Infobae publicó un extenso análisis donde expone cómo varias provincias —de distintos signos políticos— coinciden en que antes de discutir reformas estructurales debe garantizarse la estabilidad del financiamiento.
La nota señala algo que quienes trabajamos en el sistema educativo sabemos desde hace años: sin previsibilidad presupuestaria, toda transformación es frágil. Además, contextualiza el proyecto mendocino frente a la propuesta nacional de “libertad educativa”, evidenciando que no se trata solo de un intercambio técnico, sino de una discusión profunda sobre el rol del Estado y la arquitectura federal del sistema.
Ese encuadre periodístico refuerza una idea clave: la educación obligatoria depende mayoritariamente de las provincias, pero los movimientos presupuestarios nacionales impactan directamente en las escuelas.
En los dos últimos ejercicios presupuestarios, el financiamiento educativo nacional sufrió una reducción significativa. La eliminación de transferencias como el Fondo Nacional de Incentivo Docente y el rediseño de programas impactaron en salarios, infraestructura, tecnología y formación.
Hoy el 75% del sostenimiento del sistema depende de los presupuestos provinciales. Cuando Nación reduce su participación, la carga se distribuye de manera desigual según la capacidad fiscal de cada jurisdicción.
Para docentes y celadores mendocinos, esto no es una discusión teórica. Es la diferencia entre contar con mantenimiento adecuado o postergarlo, entre recibir equipamiento tecnológico o seguir esperando, entre tener previsibilidad salarial o convivir con incertidumbre.
El eje central es establecer un piso presupuestario federal obligatorio que no pueda ser inferior al ejecutado el año anterior y que se actualice automáticamente. Además, contempla:
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Un mecanismo de compensación para provincias con mayor vulnerabilidad.
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Fondos específicos para infraestructura y tecnología.
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Incentivos salariales vinculados a desempeño y permanencia en zonas críticas.
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Mayor transparencia y auditoría en la ejecución de los recursos.
Desde Mendoza, el ministro Tadeo García Zalazar ha señalado que planes como el de alfabetización requieren financiamiento asegurado para convertirse en políticas sostenibles y no en declaraciones programáticas.
Ahora bien, como colectivo educativo debemos analizar con rigor:
¿El piso presupuestario garantizará crecimiento real o consolidará un punto de partida ya ajustado?
¿Los incentivos fortalecerán la calidad o fragmentarán condiciones laborales?
¿La inversión tecnológica será estructural o episódica?
Blindar fondos es condición necesaria. No siempre es condición suficiente.
No se trata de una pulseada entre Nación y provincias. Tampoco de oficialismo u oposición. Se trata de entender que la educación no puede ser variable de ajuste.
La experiencia argentina muestra que toda reforma educativa desvinculada de una base financiera sólida termina diluyéndose. Las transformaciones estructurales requieren estabilidad, planificación plurianual y compromiso interjurisdiccional.
Como mendocinos, tenemos una oportunidad histórica de incidir en el debate federal. Pero el verdadero liderazgo no se mide solo por presentar iniciativas, sino por construir consensos y escuchar a quienes sostienen el sistema cada día.
La educación pública se construye colectivamente. Docentes, celadores, equipos directivos y supervisiones no somos espectadores del presupuesto: somos sus principales afectados.
Exigir financiamiento estable no es un gesto corporativo. Es una defensa del derecho a enseñar y aprender en condiciones dignas.
Antes de discutir consignas o modelos teóricos, debemos garantizar lo básico: que nuestras escuelas estén financieramente protegidas, que los salarios tengan previsibilidad y que cada peso invertido se traduzca en mejoras reales.
Porque sin financiamiento estable, toda reforma es apenas una intención.
Y la educación argentina ya no puede sostenerse solo en intenciones.
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