La esfera pública atraviesa un proceso de erosión que parece no encontrar fondo. Lo que antes se dirimía en el terreno de las ideas, hoy se ha desplazado hacia un territorio fangoso donde conviven la instrumentalización del malestar y la deshumanización del individuo. Dos hechos recientes, protagonizados por figuras de visibilidad pública, nos colocan frente a un espejo incómodo: la pérdida de la altura moral en nombre de la rentabilidad política y el impacto digital.
El fenómeno ocurrido en la Escuela de Bellas Artes ha sido abordado por el dirigente Mario Vadillo bajo una lógica de estigmatización institucional. Al señalar a la escuela como única responsable de fenómenos sociales complejos, no solo ignora la realidad de las familias y el contexto, sino que ejerce una presión asfixiante sobre los actores del sistema educativo. Esta maniobra de “culpabilización” desprotege a quienes están en el frente de batalla pedagógico, convirtiendo una problemática de fractura vincular en una pieza de artillería partidaria. La escuela no es un expediente jurídico ni un botín electoral; utilizar a las instituciones para alimentar la polarización es, en esencia, una forma de deserción de la responsabilidad cívica.
Sin embargo, la degradación encuentra un matiz aún más alarmante cuando se viste de humor. El caso del “Secretario Mike” representa una fractura ética profunda. Que un actor con responsabilidad institucional en el ámbito escolar utilice su plataforma para convertir la imagen de una persona en objeto de escarnio por su vestimenta y/o contextura física/mental es, lisa y llanamente, violencia simbólica. El pretexto de la parodia no oculta la intención de ridiculizar. Cuando un referente valida la burla, le envía un mensaje devastador a las juventudes: que el prójimo es una mercancía y que su dignidad es prescindible si el premio es un puñado de reacciones.
Estamos ante un punto de inflexión. Si permitimos que el debate público sea colonizado por el punitivismo mediático de un lado, y por la crueldad disfrazada de ingenio del otro, aceptamos la vigencia de una cultura del descarte. No podemos ser espectadores pasivos de este naufragio. La política debe recuperar su vocación de servicio y el entorno digital debe dejar de ser una zona liberada para el acoso.
Si no somos capaces de señalar estas actitudes con rigor, el silencio se transformará en el abono de una violencia social cada vez más explícita. La reconstrucción de lo público empieza por el respeto absoluto a la dignidad del prójimo, una frontera que bajo ninguna circunstancia —ni por un voto, ni por un seguidor— se debe traspasar.
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